El Ayuntamiento de Marbella deberá retirar el control biométrico de presencialidad
El Ayuntamiento de Marbella ha decidido retirar su sistema de control biométrico de la presencia laboral de sus empleados, tras una resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Esta decisión afecta a los aproximadamente 4.000 empleados públicos del consistorio, quienes hasta ahora utilizaban tecnologías como el reconocimiento facial y la huella dactilar para registrar su jornada laboral.
La controversia comenzó en abril de 2023, cuando el Sindicato de Empleados Públicos de Málaga (SEPMA) presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia, argumentando que la implementación de estos sistemas vulneraba la Directriz 5/2022 del Consejo Europeo de Protección de Datos y la guía correspondiente de la Agencia Española de Protección de Datos. Según SEPMA, la obligación de los empleados de proporcionar datos biométricos sin su consentimiento previo constituía una infracción de sus derechos fundamentales.
La resolución del Consejo de Transparencia
Tras un año y medio de investigaciones y audiencias al Ayuntamiento, el Consejo de Transparencia concluyó que el uso de tecnologías biométricas para el control horario sin el consentimiento explícito de los empleados contraviene las normativas de protección de datos personales. Aunque no se impuso una sanción económica al consistorio, ya que las administraciones públicas están exentas de este tipo de penalizaciones, se emitió un apercibimiento formal que obliga al Ayuntamiento a eliminar estos sistemas y sustituirlos por métodos menos invasivos.
El SEPMA celebró esta resolución como una victoria en la defensa de los derechos de los empleados públicos. José Luis Gutiérrez, secretario general del sindicato, destacó que la decisión del Consejo de Transparencia reafirma la importancia de proteger la privacidad de los trabajadores y garantizar que sus datos personales no sean utilizados sin su consentimiento.
Respuesta del Ayuntamiento de Marbella
En un comunicado oficial, el Ayuntamiento de Marbella expresó su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente y el respeto a los derechos de los trabajadores. El consistorio anunció que procederá a retirar el sistema biométrico voluntario para los empleados municipales y mantendrá el sistema manual de registro de jornada. Asimismo, indicó que presentará los recursos y alegaciones necesarios para defender su postura y garantizar que cualquier nuevo sistema de control horario cumpla con los requisitos legales establecidos.
El equipo de gobierno municipal subrayó que, aunque el sistema biométrico era voluntario para los empleados, se priorizará la implementación de registros que excluyan el uso de datos biométricos. Además, se comprometió a garantizar que cualquier nuevo sistema de fichaje sea transparente, accesible y respetuoso con los derechos fundamentales de los trabajadores.
Implicaciones para los empleados públicos
La retirada del sistema biométrico representa un cambio significativo en la forma en que los empleados públicos de Marbella registran su jornada laboral. Aunque el sistema manual de fichaje será mantenido como alternativa, los empleados tendrán la oportunidad de expresar su opinión sobre cualquier nuevo sistema que se proponga en el futuro.
Es importante destacar que la implementación de sistemas de control horario debe cumplir con estrictos criterios de necesidad y proporcionalidad, y debe estar autorizada por una norma con rango de ley. La ausencia de consentimiento explícito por parte de los empleados y la falta de una evaluación de impacto previa son factores que han sido considerados en la resolución del Consejo de Transparencia.
Repercusiones en el ámbito público
Este caso en Marbella pone de manifiesto la creciente preocupación por la protección de datos personales en el ámbito laboral público. La utilización de tecnologías biométricas para el control horario plantea interrogantes sobre la privacidad de los empleados y la necesidad de garantizar que sus datos personales sean tratados de manera adecuada y conforme a la legislación vigente.
La resolución del Consejo de Transparencia establece un precedente importante en la aplicación de las normativas de protección de datos en el ámbito público. Aunque no se impuso una sanción económica al Ayuntamiento, la obligación de eliminar el sistema biométrico y sustituirlo por métodos menos invasivos subraya la importancia de respetar los derechos fundamentales de los empleados públicos y de garantizar que sus datos personales sean tratados de manera legal y ética.